El miércoles 30 de enero de 2008, a primera hora de la mañana, se informó del cierre de la popular playa Pucara debido a la contaminación con "aguas servidas" (aguas cloacales) provocada por la rotura de dos tuberías del alcantarillado que salen de la planta elevadora de la empresa Aguas Araucanía. Así, en los días de máximo calor, cercano a los 37 grados centígrados, la gente más modesta de Villarrica, especialmente niños, que habitualmente concurre a esta playa, no tuvo ninguna otra alternativa para capear el calor. Solamente cuatro o cinco personas levantaron la voz de alarma y de indignación en los medios de comunicación de la ciudad. Pero a nivel regional, después de una búsqueda exhaustiva en Google, ninguna autoridad ni representante de la empresa aparecen dando alguna explicación ni menos exigiendo reparaciones.

Por Manuel Gross Osses

El fin de semana pasado la prensa publicó una noticia que en el fondo ya no constituye novedad: “Contraloría establece desorden y falta de prolijidad en la Conama”.

En el documento que fue dado a conocer el anterior fin de semana, se detallan situaciones que si bien no constutiyen hechos de corrupción, revelan hasta qué punto la ley del medioambiente es letra muerta debido a que el aparato estatal no está preparado para cumplir los plazos establecidos en la misma. En los procesos que debe sancionar la entidad no había folios, y se dictan resoluciones aprobando iniciativas sin fundamentos.

En lo esencial, dice lo siguiente: “Desorden, incumplimiento de los plazos que establece la ley para algunos procedimientos ambientales, entre otros, fue lo que halló la Contraloría General de la República (CGR) en la Conama de la Región Metropolitana”. En particular, menciona varios hechos irregulares tales como: Total ausencia de las acreditaciones de Personerías Jurídicas, expedientes mal foliados, falta de documentos a los otros organismos del Estado, seguimientos deficientes del Comité Operativo de Fiscalización, no hacer un seguimiento a las sanciones en dinero que se le formulaban a distintas empresas, etc.

Si esto sucede en la capital, ¿Cómo estarán funcionando las Conamas de otras regiones del país?

¿Hay en La Araucanía suficiente personal y recursos para fiscalizar?

Decimos que este tipo de noticias ya no son novedad porque son demasiados los hechos conocidos que muestran la extrema debilidad de la normativa que presuntamente debería proteger al medio ambiente. La actual legislación sólo considera algunas medidas de carácter informativo sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental ingresadas al Sistema de Evaluación, y no se contempla ninguna forma de participación real por parte de la comunidad en esta materia.

En Villarrica, por lo menos desde principios del año 2005 que se ha estado publicando en los medios locales diferentes artículos y noticias haciendo énfasis en la importancia estratégica del Lago Villarrica para el aseguramiento del desarrollo socio-económico de esta zona turística, ya que diferentes estudios de la Dirección General de Aguas y la Red de Nuevas Ideas, entre otros, han emitido graves diagnósticos sobre la creciente contaminación lacustre.

La falla del miércoles en la planta elevadora de Aguas Araucanía que vertió una cantidad desconocida de aguas servidas a la playa Pucara ha sido catalogada como “accidente” y como tal, de acuerdo a la permisiva legislación vigente, será investigada y calificada por la propia empresa causante de los daños ambientales, frente a lo cual el Municipio sólo puede “solicitar” un informe.

Frente a esta situación. que daña gravemente la temporada veraniega de la comuna, hay un increíble silencio de una mayoría de las autoridades regionales y representantes gremiales y sociales locales, quienes todavía no logran comprender que tras estos "accidentes", provocados por la mala calidad de las instalaciones y la falta de responsabilidad de los operadores, hay todo un fenómeno económico-financiero que se está tragando uno a uno de los diversos recursos naturales del país para transformarlos en utilidades privadas.

En varios artículos recientes , el economista Marcel Claude, ex presidente de la Fundación Océana, expresa que se ha producido “la profundización de un patrón de acumulación que consiste en la conversión acelerada de capital natural en capital financiero, lo cual es altamente destructivo y depredador, con el agravante de que va de la mano con la concentración de esta riqueza en corporaciones y grupos económicos que operan precisamente en los sectores que explotan intensamente el medio ambiente y sus recursos, sin considerar la incapacidad de los ecosistemas para soportar esta sobreexplotación.”

En estas condiciones, donde existe un comportamiento generalizado de generar utilidades privadas a costa de la destrucción de recursos naturales públicos, la legislación debe fortalecerse con urgencia, tal como lo están pidiendo algunos senadores que proponen: “Si el responsable de una fuente emisora que por negligencia o incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias causa un grave daño ambiental será castigado con la pena de reclusión entre los 541 días a 3 años y multas de 2.001 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, entre los $69 millones y $103 millones.

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Foto (de archivo): Aguas contaminadas

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