Pensamiento Imaginactivo

¿Tienen los servicios públicos de un país, en el caso de Chile algún rol en el diseño, difusión o puesta en práctica de una Política de Defensa? ¿Cumplen algún grado de retroalimentación para que la política de defensa mejore y se actualice? ¿Tiene la política de Defensa Nacional presencia en las definiciones estratégicas de estos organismos?

Por de pronto sostengamos que se percibe, al menos no tengo evidencia a la que haya accedido, que la Política de Defensa en Chile sin perjuicio que constituye un fundamental soporte del estado chileno, haya sido asumida con pertenencia por los diversos organismos o servicios públicos que lo integra. Es más, se mira como propio, pero exclusivo, de específicas organizaciones públicas, sea el Ministerio de defensa y las respectivas Fuerzas Armadas.

Si el Estado chileno está al servicio de la persona humana y el bien común y la Defensa Nacional contribuye a asegurar el funcionamiento del Estados frente a las amenazas externas, debemos avaluar a ésta como un verdadero bien o valor de interés público y de la gestión pública. La Defensa Nacional constituye un soporte fundamental a la existencia y funcionamiento de los diversos servicios públicos que se cobijan en la organización estatal con el claro propósito de ofrecer y entregar bienes de connotación social, que contribuyen al progreso y al desarrollo.

¿Esta notoria relación, se reconoce en la cotidianidad de los servicios públicos?, ¿existe plena conciencia de los directivos y funcionarios públicos de estar desarrollando sus funciones, bajo el soporte de una política de Defensa Nacional? Y por tanto ¿ hay un aporte concreto y periódico de los servicios públicos al diseño, implementación o, al menos, en la difusión de la Política de Defensa Nacional?.

A nuestro juicio existe una fundamental relación y vínculo, además de justificación, entre una Política de Defensa y los fines de una organización pública. Se unen en el propósito social, refrendado por nuestra carta constitucional, de lograr el bien común. Pero esa relación, en la actualidad no es material, no se aprecia, no se desarrolla. En Chile no se advierte una relación entre la dimensión Defensa y la dimensión Administración Pública, no obstante ambas se fundan y encuentran su basamento en el bien común y en los derechos de las personas. Son sus fines y sus límites al mismo tiempo.

Del mismo modo, advierto que tenemos pendiente mejorar nuestra relación y ocupación del entorno internacional, definido hoy por la globalización, el vínculo con nuestros vecinos, los centros de negocios y nuestra posición geopolítica, como un fenómeno común para los servicios públicos, que interactúan permanentemente con otros países, organizaciones o en foros o reuniones internacionales. Para esto, la Política de Defensa, en dicho entorno, será crucial examinarla y tenerla presente, toda vez que atenderá a variables de riesgo externos que pueden afectar el proceso de agregación de valor público que supone la gestión pública, claro, en el marco de un Estado que se moderniza.

Alinear la Política de Defensa con el desarrollo y el progreso nacional, requiere no sólo participación de la esfera política estratégica de un Gobierno o de la ciudadanía, sino que también de las diversas organizaciones públicas que diariamente plasman en sus acciones el propósito del bien común, toda vez que ellas justifican la Política de Defensa.

A mi juicio, entonces, resulta valioso plantearse como colaboran en el  progreso nacional, la política de Defensa Nacional y los diversos organismos públicos de un estado; vale preguntarse y ponderar la real presencia de consideraciones de Defensa Nacional, en las estrategias organizacionales y funcionales de los organismos de la administración del estado, tanto centralizada, a-centralizada, descentralizada o meramente desconcentrada.