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Una situación frecuente

Había que hacer un trabajo muy importante y “Cada uno” estaba seguro de que “Alguien” lo haría.

Cualquiera” pudo haberlo hecho, pero “Ninguno” lo hizo. “Alguien” se disgustó por eso, ya que el trabajo era de “Cada uno”.

Cada uno” pensó que “Cualquiera” podría hacerlo, pero “Ninguno” se dio cuenta que “Cada uno” lo haría.

En conclusión, “Cada uno” culpó a “Alguien” cuando “Ninguno” hizo lo que “Cualquiera” podría haber hecho.

(Anónimo. Una fuente: Mensaje para ti)

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Estatuto Docente: Una tragedia peor que el Transantiago

Enviado por Manuel Gross el 25/08/2008 a las 23:41
Manuel Gross

Mario Waissbluth, profesor de la Universidad de Chile y afín a la Concertación, se abocó a revisar un sinnúmero de estudios y cifras, y a conversar con expertos en educación, directores y sostenedores de colegios. La idea era arribar a un balance, sin eufemismos ni clichés, sobre la calidad de los profesores y de la educación en Chile y los factores que influyen en ésta. He aquí las dramáticas conclusiones.
La Nación

Estatuto Docente: Una tragedia peor que el Transantiago

Por  Mario Waissbluth

Estimados lectores: les expresaré algunas preocupaciones y proposiciones respecto a la tragedia griega que estamos viviendo en la educación, hipotecando el futuro nacional por décadas. No me referiré a la LGE (imprescindible) ni al musical jarrazo, sino a los temas que verdaderamente me preocupan. En este país no se habla la firme, y si no nos sentamos todos a conversar sin eufemismos disfrazados de ideología, esto no se arregla.

Las tragedias griegas terminan mal. Desde el inicio se sabe que las circunstancias de cada actor llevan inevitablemente al descalabro. Cada uno es producto de su historia, nadie es tan bueno ni malo, sino que juega el juego que le tocó.

Contemos el hipotético caso de un joven que estudió hace 15 años en una escuela municipal de regular calidad, y que obtuvo 500 puntos en la PAA, la antigua PSU.

Para mayor claridad, 500 puntos, la mediana de la muestra, equivalía a responder correctamente entre el 10% y el 15% de las preguntas de la PAA. La mitad de los alumnos contestaba menos que eso. De acuerdo a los datos del Second International Adult Literacy Survey (Sials) -elaborado por la organización de países industrializados OCDE-, nuestro joven de los 500 puntos con dificultad comprende hoy, ya adulto, lo que lee.

El dueño de una escuela particular subvencionada me comentó hace poco que cuando reciben alumnos con sólo dos años de mala enseñanza básica, el retraso formativo comparado con sus compañeros se constata como "casi irrecuperable". Las personas que llegan a la educación media o la universidad sin ciertos aprendizajes en materia de lenguaje y aritmética -que debieron obtenerse a temprana edad- difícilmente podrán recuperarlos, por mucha "remediación" (jerga oficial) o capacitación que se les imparta durante su carrera.

En suma, nuestro joven de 500 puntos difícilmente podría haber encarado una carrera universitaria.

El negocio de los pedagógicos express

Sin embargo, Chile le ofreció a este joven una salida. La legislación de educación superior -estupenda muestra del libre mercado- le permitió ingresar a estudiar Pedagogía a una universidad de dudosa calidad, de esas que otorgan los títulos al vapor y/o por internet.

Según una reciente investigación (ver recuadro en la página 16), a lo largo de sus "estudios" los niveles de conocimiento de nuestro joven mejoraron entre... 2% a 4%. No más. Pasó por la universidad y aprendió nada. Pagó buen dinero o incluso se endeudó para comprar un título. En su lugar, cualquiera hubiera hecho lo mismo.

No exagero. Aunque los puntajes de corte y la demanda por estos estudios han ido en aumento, la carrera de Pedagogía Básica registró en el proceso de admisión 2008 un puntaje PSU del último matriculado, que en una universidad llegó a ser de… 320 puntos. Esto equivale a responder correctamente cuatro de las 80 preguntas. Así es, 4 de 80.

De 18 mil estudiantes que este año egresarán como profesores -con poca esperanza de encontrar trabajo-, cerca de la mitad lo está haciendo vía dudosas regularizaciones de estudios. Las universidades que los imparten, incluidas algunas del Consejo de Rectores, hacen un pingüe negocio que crece vertiginosamente: son 40 universidades e institutos que aumentaron, en los últimos 3 años, su matrícula total formal de 12.500 a 24.600 alumnos de Pedagogía. Está bueno el mercado.

El lastre del Estatuto Docente

Luego, ya egresado y titulado, la suerte le sonrió un rato a nuestro joven: pudo ingresar como profesor con una jornada de 44 horas semanales a una escuela municipal. Habiendo logrado -con todas las asignaciones - una remuneración inicial de 591 mil pesos brutos mensuales, que con los aumentos bianuales automáticos llega inexorablemente a 877 mil pesos, éste ya no tan joven, gracias al Estatuto Docente y con el entusiasta apoyo de su Colegio de Profesores, ha procurado rehuir cualquier tipo de evaluación rigurosa.

Si yo estuviera en su lugar, asegurado un ingreso intocable para mi familia, el que no podría haber logrado de otra forma con ese nivel de preparación, me opondría rotundamente a un cambio en la situación. Además me sentiría bastante tranquilo, sabiendo que si el sostenedor municipal osara pedirme la renuncia por "pésimo desempeño docente", existiría la casi certeza de que la Inspección del Trabajo y/o los tribunales me reintegrarían al cargo, con una indemnización de $15 millones a $25 millones. ¿La causal? "Menoscabo por desvinculación injusta". Para perder el trabajo, este profesor debería tener más de 100 días anuales de licencia médica, cometer abuso sexual o un crimen similar.

Digamos las cosas como son porque es sanador. Visto en retrospectiva, el error más caro para el país en dos décadas no es el Transantiago: es el Estatuto Docente. Como en toda tragedia, nadie es tan maligno. Me lo relató un altísimo integrante del primer gobierno de la Concertación: "Ubiquémonos en esa época… Pinochet comandante en jefe, terror a la fuga de capitales, ejercicios de enlace... había que defender la economía y la democracia a toda costa. Tuvimos que concederles mucho a muchos, como el Estatuto Docente a los profesores y el silencio sobre las privatizaciones a los empresarios".
Uno posiblemente hubiera hecho lo mismo.

Retomemos la historia del joven profesor. No creamos que lo está pasando bien. Sus condiciones laborales son durísimas: agotadoras 32 horas de clases, el ambiente es agresivo, su tasa de depresiones severas a lo largo de la vida es de 32% cuando el promedio de una muestra de referencia es de 23%. Sus episodios de pánico o de ansiedad superan por más del doble a la muestra de referencia. Mayor razón para sentirse menoscabado si alguien propusiera someterlo a una evaluación rigurosa.

Como todos sabemos, pero no decimos, la evaluación docente actual es enteramente dudosa. Después de 4 años de resistencia, todavía no se logra evaluar ni siquiera a la mitad de los profesores. Pero algo se ha avanzado; es un logro, casi como poner un pie en una puerta antes cerrada.

Pero, escarbemos en los datos que yacen tras un velo de eufemismos en el sitio web del Ministerio de Educación: los clasificados como "competentes" o "destacados" suman el 64% de los evaluados. Este 64% tiene derecho a un incentivo monetario, para lo cual debe rendir una prueba rigurosa de conocimientos, asunto no incluido en la evaluación regular. Cerca de la mitad de los que tienen ese derecho, por alguna "extraña" razón, se abstiene de rendir dicha prueba, aunque recientemente se ablandaron los criterios para que más profesores lo hagan.

Revisando los resultados de ese proceso, se concluye que en realidad apenas el 10% del total de los profesores tiene niveles de conocimiento comprobado que los pudieran calificar como realmente "competentes" o "destacados".

La situación de los docentes de colegios particulares subvencionados no es muy diferente. Según todo lo que se observa, descontado el factor socioeconómico de sus alumnos, se constata que la realidad educativa, emocional y salarial de los profesores y los tamaños de aula en ambos sistemas son muy parecidos.

El informe del Sials ya mencionado contiene otro dato aterrador, pero como los chilenos somos expertos en hacernos los lesos, esta verdad políticamente irritante no se comenta: sólo el 8% de los egresados de educación superior entiende completamente lo que lee.

Es fácil sospechar entonces que los profesionales que hoy comprenden perfectamente lo que leen no son los que ingresaron a la educación superior con 400 o incluso 600 puntos. El 8% superior en la PSU equivale a cerca de 650 puntos. Por tanto, es difícil creer que muchos profesores comprendan perfectamente lo que leen; luego, es difícil imaginar que podrán enseñar a sus alumnos a comprender lo que leen o a dividir fracciones. Perdón por la franqueza.

En suma, después de revisar informes, mirar cifras y entrevistar a bastante gente para escribir este artículo, si se toma en consideración el origen escolar de la mayoría de los educadores y la calidad de la educación pedagógica que recibieron, es inevitable concluir que, por lo bajo, un tercio de ellos no tiene la formación esencial, los conocimientos, la pedagogía o la motivación para abordar la titánica tarea que este país enfrenta para resolver el problema de la calidad educacional. Peor aun en los mayoritarios casos de alumnos y apoderados en situación vulnerable, lo que requeriría profesores con aun mayores competencias.

Para muchos profesores motivados, nada de esto es su culpa: es este perverso encadenamiento de circunstancias el que los ha puesto donde estamos. Para otros, son flagrantes sus faltas a la ética al recibir un sueldo por un trabajo que no se hace o se hace pésimo.

No cabe duda de que hay una cuota relevante de buenos y motivados profesores, pero hay que mencionar la desmotivación y desidia de muchos. Si yo llevara 20 años en una escuela municipal, en esas condiciones ambientales, laborales y organizacionales, posiblemente me sentiría igual.

La motivación de los docentes tiene una elevada correlación con el liderazgo de los directores de escuela. Está verificado que el liderazgo directivo es el segundo factor intraescuela, luego de las competencias docentes, que más influye en la calidad de la educación. Obvio.

Otra verdad inconveniente

La otra verdad inconveniente, que los parlamentarios de derecha callan discretamente: ¿alguna vez nos explicarán con la frente en alto por qué se opusieron por más de 15 años a cambiar el estatuto pinochetista de "amarre", que declaró a los directores como vitalicios?

Vitalicios. Está clarito por qué: ellos también tienen su cuota de clientelismo. Así son las tragedias. Y luego tienen cara para criticar la calidad de la educación municipal y reclamar por la inflexibilidad laboral del país.

A pesar de que ya se logró cambiar la dichosa norma vitalicia, los astutos artículos transitorios introducidos por estos parlamentarios todavía permiten la permanencia de un buen porcentaje de apernados que no le rinden cuentas a nadie. Como me contó esta semana un sostenedor municipal del sur: "Tengo un tercio de vitalicios; despedí a uno por petición expresa y reiterada del Centro de Padres. Me tuve que tragar 25 meses de indemnización, más una condena de 30 millones de pesos por menoscabo. No lo vuelvo a intentar. Simplemente no tengo la plata. Además, pese a que la matrícula me disminuye año a año, sigo con el mismo número de profesores".

El arreglito es más sicótico todavía: si uno de los vitalicios pierde su concurso… el municipio debe mantenerlo contratado con el mismo sueldo. Esa sí que es flexibilidad laboral.

Negociemos el rescate

En esta tragedia griega, como en un juego de ajedrez, al gremio de profesores se le concedió, por medio del Estatuto Docente, la captura de la educación municipal y la tiene de rehén. Por ende, tiene de rehén el futuro del país.

No estoy juzgando a nadie. Son las benditas circunstancias políticas, históricas y constitucionales. Las mismas que han permitido agarrarse de la teta a otros grupos de poder gremial, empresarial o universidades truchas. Las mismas que han llevado a un grupo de no más de 200 dirigentes políticos a repartirse los cupos parlamentarios y municipales a su gusto durante casi 20 años gracias al sistema binominal, mecanismo inventado para mantener el statu quo y "proteger la democracia". No hay castigo ni incentivo político alguno por obtener resultados de largo plazo que ayuden a la ciudadanía, educación incluida.

"Captura" es lo que ocurre cuando un grupo de agentes, empresas o personas logran apropiarse de una institución o sistema -por conductos formales o informales- para su propio beneficio. Las capturas se resuelven por rescate armado o por negociación. Siendo impensable la primera opción, ¿por qué no inventamos una negociación en la firme, para salir de este embrollo? Pongamos números gruesos, por ejemplo, a lo que costaría modificar radicalmente el Estatuto Docente.

Supongamos retiros anticipados -dignos y programados- a lo largo de cinco años, por unos 15 meses de salario además de lo que establece el Código del Trabajo, para unos 20.000 docentes que no tengan una buena y rigurosa evaluación, y que hoy mal-educan a unos 800 mil niños. No es tan loco considerando que recientemente nueve mil se acogieron a retiro.

Agreguemos el cese inmediato -con pensión razonable- de todos los vitalicios que siguen desmotivando a sus profesores y que no ganen su concurso. Estaríamos sumando unos mil millones de dólares. Esto es inversión por una vez.

Suponiendo el cierre inmediato de carreras pedagógicas de calidad inaceptable y la imprescindible creación de un examen nacional de habilitación para ejercer la pedagogía en cualquier tipo de escuela, deberemos sumar el costo de devolverles la plata que malgastaron en matrículas a unos 10.000 estudiantes de pedagogía express en estos últimos años: serían unos cien millones de dólares más.

Agreguemos un programa para crear o fortalecer institutos pedagógicos dignos de ese nombre, con postgrados de nivel internacional, etc.: otros cien millones de dólares. Por una vez. Ya vamos en 1.200 millones de dólares.

Finalmente, lo más caro. Inmigración inmediata de dos o tres mil profesores extranjeros bilingües con experiencia en aula. Beca robusta para todo estudiante con PSU arriba de 650 puntos que ingrese a estudiar Pedagogía a una carrera acreditada, con una promesa salarial 40% superior al valor actual, y de 70% para aquellos que obtengan un magíster acreditado en Pedagogía o una materia específica. Lo mismo para egresados de Ingeniería, Derecho o cualquier ciencia, que obtengan un magíster acreditado en Pedagogía. En España, por cierto, esta última es la única manera de ser profesor de secundaria. Agréguele inducción, apoyo y mentores para todos los profesores que inicien sus labores. Súmele 100% de aumento salarial para atraer buenos directores de escuela.

Suponiendo un programa paulatino, que comience hoy, estaremos hablando de un gasto adicional que a la vuelta de una década puede llegar a ser del orden de mil  millones a mil doscientos millones de dólares anuales, algo así como el 0,5 % del PGB que Chile debería tener para esa época. Números gruesos, por supuesto. Todos los profesores del sistema municipalizado continuarían, si lo desean, siendo miembros del Colegio de Profesores: eso ni se discute. Pero con un renovado y flexible Estatuto Docente, con incentivos asociados a una evaluación rigurosa y a una salida expedita para los casos de flagrante abandono de deberes. Yo pagaría feliz más impuestos para financiar semejante revolución.

Por cierto, éste no es sólo un llamado a los profesores. Para que haya negociación deben existir dos partes. La otra es el Poder Ejecutivo y todos los partidos del espectro político, abandonando por una vez las rencillas y creando el consenso necesario para avanzar con los maestros y no contra ellos.

Pongamos esa plata arriba de la mesa y todos ganan, incluyendo los profesores, que habrán recuperado su histórico sitial en la sociedad. Se crea una carrera docente de estándar internacional. Se desarrolla un nuevo concepto de evaluación, cuyo foco es el perfeccionamiento de profesores que ingresaron a la carrera cumpliendo estándares mínimos. Se fortalece la educación pública que muchos añoramos. Los que más ganarían son nuestros hijos y nietos. Por eso, si quieren, subamos el monto de los retiros anticipados al doble, pagaderos en cómodas cuotas a 10 años. ¿Hay trato? Me convencí que el resto es música… con minúscula.

Las graves conclusiones de un estudio

El estudio data del 2007 -está disponible en el sitio web del Consejo Superior de Educación- y fue elaborado por la U. de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la U. de Valparaíso. Se denomina "Desarrollo de habilidades básicas en lenguaje y matemáticas en egresados de Pedagogía. Un estudio comparativo".

Se le siguió la pista a una muestra de 488 estudiantes de Pedagogía de 5 universidades nacionales. A ellos se les sometió a una prueba de capacidades al ingreso de la carrera (en el 2002) y luego a la misma prueba cuando egresaron, 4 ó 5 años más tarde.

Puesto crudamente, sólo el 64% de los que ingresaron a Pedagogía podía leer un gráfico: esto mejoró a 65,4% después de obtener un título de profesor. O sea, 1,4%. En el caso de extraer conclusiones de un texto, la educación universitaria disminuyó la frecuencia desde 61,6% a 57,8%, un extraño fenómeno de des-educación.

La conclusión textual del trabajo: "A modo de síntesis, la situación descrita indicaría que los estudiantes de Pedagogía ingresan a la universidad con ciertas carencias, reflejadas en sus puntajes de selección, y egresan, después de varios años de estudio, con las mismas limitaciones."

La pregunta más inquietante: ¿por qué este estudio no ha generado un escándalo nacional?

...............................

Fuente: La Nación (.cl) 

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Sitios que enlazan este artículo:

La propuesta educativa de Waissbluth

Enviado por el 06/09/2008 a las 21:33
Manuel Gross

Mario Waissbluth ha presentado una propuesta de acción respecto al mejoramiento de la Educación:

"Apoya con tu firma el proyecto educación en www.educacion2020.cl"

 

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Imaginactivo  Atina Chile 


Sobre el Estatuto Docente

Enviado por el 26/08/2008 a las 9:54
Manuel Gross

Martes 26 de Agosto de 2008
Educación estatal y financiamiento

HARALD BEYER
Centro de Estudios Públicos


La discusión sobre la educación estatal en Chile está llena de equívocos. Probablemente, porque el objetivo central detrás de muchos de los argumentos -los sofisticados y los que no lo son tanto- es detener su caída. Entre 1980 y 2007, su matrícula pasó desde el 77 al 46 por ciento. No hay una sola causa detrás de este hecho, pero las principales parecen ser la libertad de elección de la que gozan los padres y apoderados en Chile y, en un lejano segundo lugar, la reacción más rápida del mundo privado a los cambios poblacionales que han sufrido en estas casi tres décadas los distintos centros urbanos del país. Por cierto, la reacción más remolona del sector municipal no se puede separar del todo de los inconvenientes que les significa el estatuto docente. Curiosamente, la reacción no es modificar dicho estatuto, sino que regular la oferta, ya sea a través de cuotas o de lo que también se denomina -algo eufemísticamente, hay que decirlo- planificación territorial de la oferta de establecimientos educacionales.

No deja de ser curioso que simultáneamente se apoye la libertad de elección de los padres y no se vea la contradicción entre estas regulaciones de la oferta y este apoyo. Si el temor es que se acabe la educación estatal, éste parece infundado. Siempre aparece en las encuestas al menos un 30 por ciento de la población que la prefiere a otras modalidades educativas. Puede ser deseable una proporción mayor, pero para eso los establecimientos municipales requieren reinventarse y atraer a las familias que se alejaron de ellos. Esto no es fácil, pero no por las razones que a menudo escuchamos. No es porque estén en manos de los municipios, sino porque tienen que cargar con enormes mochilas. Entre otras, escasa autonomía de gestión y pedagógica. Pero también porque deben lidiar con un estatuto que está al servicio de los docentes y no de los estudiantes. Dicho cuerpo legal es el reflejo más fiel de lo que los cientistas políticos y economistas identifican como una captura de las instituciones públicas por parte de un grupo de interés.

Hay que reemplazar el estatuto por una carrera docente que ponga al centro de las motivaciones de los maestros los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Mirando la experiencia comparada, recogiendo la variada investigación en este campo y también nuestra historia, no debería ser tan difícil llegar a un acuerdo, pero se requiere voluntad y coraje. El desafío es finalmente para nuestros políticos. ¿Están dispuestos a enfrentar a un grupo de interés poderoso? Hasta ahora no se han atrevido. Por cierto, esto debe ser acompañado por un mejor proceso de selección y formación de los nuevos profesores, pero no nos apartemos de la materia tratada.

El estatuto no sólo tiene un impacto en la calidad de la educación municipal, sino también en sus costos. Este hecho se explica por dos factores centrales. Por una parte, sus profesores son mayores en alrededor de seis años a los que ejercen en establecimientos particulares subvencionados. Como el estatuto contempla incrementos salariales por antigüedad, esto significa -en promedio- mayores desembolsos de recursos. Por otra, el estatuto contempla el pago de asignaciones por perfeccionamiento que, en la práctica, son independientes de su calidad. No es fácil calcular el impacto financiero de estos factores en los costos de los establecimientos municipales, pero entre un siete y un diez por ciento por encima de un colegio particular subvencionado equivalente son estimaciones razonables.

¿Hay que compensar a los establecimientos municipales por esta situación? Para responder es útil recordar que los establecimientos municipales, de acuerdo a varias investigaciones de los últimos años que utilizan información de estudiantes individuales, tienen peores desempeños que sus contrapartes particulares subvencionados, aun después de controlar -por la composición socioeconómica de sus estudiantes- eventuales diferencias de gasto por alumno y elección de los padres, entre otros factores. El interés social, entonces, no haría recomendable financiar este mayor costo. El camino es desarticular el estatuto docente. Si se insiste, por razones políticas, en financiar esa ineficiencia, correspondería reconocerlo en el valor de la subvención, renunciando a diferenciar el financiamiento entre instituciones porque ello significaría discriminar no entre ellas sino entre familias. Un financiamiento diferenciado es apropiado sólo cuando las diferencias de costo están ligadas a las características de los niños y jóvenes, pero ello debe hacerse sin distinción de la institución a la que ellos asisten.

El Mercurio 

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