Incentivo tributario para inversiones en innovación
A subirse al carro
Por Alejandro Ferreiro
En el debate acerca del crecimiento futuro de Chile proliferan referencias a la necesidad de crecer más por “inspiración” que por “transpiración”, a la meta de pasar de una economía basada en la explotación de recursos naturales a una sostenida en el conocimiento, al desafío de evolucionar de una economía de la acumulación hacia una de la transformación. Cualquiera sea la nomenclatura, crecientemente se apunta a la necesidad de innovar más.
Las cifras avalan esta urgencia. La productividad total de factores cae en Chile y en los indicadores internacionales de competitividad las mediciones asociadas a la innovación empresarial nos bajan el promedio. (Somos 12° en el mundo en estabilidad macro, pero 36° en innovación y factores de sofisticación, según el Foro Económico Mundial).
Nuestras empresas innovan poco. Sólo un tercio de las consultadas en una encuesta de la Universidad de Chile innova en procesos y gestión, y únicamente un 8% lo hace para generar productos nuevos. No es frecuente que las empresas chilenas consideren estratégica la innovación. Es cierto, a muchas les ha ido bien en el pasado sin hacerlo. Otras están insertas en áreas en que innovar no se ha considerado importante. Las cifras oficiales muestran que las empresas son responsables de un gasto en innovación y desarrollo (I+D) equivalente a 0,25% del PIB, lo que representa un tercio de la I+D en Chile. El resto corresponde al esfuerzo público, por definición más cercano a la ciencia básica que a la aplicada.
Dado que la innovación es la transformación del conocimiento en riqueza, ella es propia del ámbito empresarial. Es la empresa la que conoce sus mercados, clientes y desafíos de competitividad. Es ella la que sabe –o debe saber– cuál es la apuesta más promisoria en innovación. De hecho, en los países de la OECD –que invierten globalmente en I+D más de tres veces lo que destina Chile como porcentaje del PIB– la inversión de las empresas más que duplica al esfuerzo del Estado. Por ello, si Chile quiere igualar a esos países en nivel y composición del gasto, debemos duplicar el gasto público y quintuplicar el privado como porcentaje del PIB en los próximos años.
La tarea es necesaria y ambiciosa, pero posible. Y las condiciones están dadas. Sólo se requiere aprovecharlas bien.
En enero de este año se publicó la ley 20.241 que establece un incentivo tributario a la inversión privada en I+D. En síntesis, la ley permite a las empresas que suscriban contratos de I+D con centros de investigación acreditados ante la Corfo descontar un 35% de ese gasto como crédito tributario, con tope de 5.000 UTM por cada ejercicio presupuestario. Dado que el restante 65% se considera gasto necesario para producir la renta, incluso si la investigación no corresponde al giro empresarial, el subsidio estatal a la demanda empresarial por I+D llega al 46% del total de la inversión. La ley permite que hasta un 50% del contrato se pueda subcontratar a entidades no registradas en Corfo, incluso extranjeras, lo que permite satisfacer las necesidades de nuestras empresas con aportes de centros internacionales de excelencia.
El beneficio se extenderá hasta el año 2017. En suma, un robusto subsidio, similar al que ayudó a despegar la inversión privada en países desarrollados, está hoy disponible. La Corfo está actualmente en proceso de registro de los centros de investigación, muchos de los cuales corresponden a universidades. A partir de agosto se espera la suscripción y registro de los primeros contratos de I+D.
¿Bastará esta ley para despertar la demanda empresarial por I+D? ¿Cómo se preparan empresas y centros de investigación para iniciar una nueva era de colaboración entre dos mundos tradicionalmente distantes? ¿Podrán nuestros investigadores, ahora con importantes recursos disponibles, responder a los desafíos científicos que el futuro impone a nuestras empresas? ¿Se formarán alianzas entre investigadores chilenos y extranjeros?
En días pasados, tuve la posibilidad de conversar con un importante grupo de empresarios. Pocos sabían de esta ley. Mientras ellos se sorprendían positivamente de su contenido, yo me sorprendía negativamente de su asombro. Esta ley puede incidir muy positivamente en la transición a la economía del conocimiento… pero sólo si se conoce y usa. Gobierno, empresarios y científicos debieran unirse en difundirla, promoverla y utilizarla al máximo. Sirvan estas letras de humilde contribución.
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Fuente: La Segunda

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