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La cultura anti gerencial del sector público

Hemos escrito muchos artículos y comentarios, tanto en este blog como en Atina Chile, acerca de las deficiencias administrativas que rodean o subyacen en el fondo de tantas irregularidades acaecidas en instituciones y obras públicas.

Porque no es aceptable que mientras las personas y empresas privadas de todos los tamaños (para incluir a las mipymes) tienen una alta valoración de los principios y técnicas del management científico como herramienta indispensable para crecer, desarrollarse y competir internacionalmente, en contraste muchas actitudes y comportamientos visibles en el sector público reflejan una carencia de cultura administrativa moderna o al menos conciben una administración basada rígidamente en el enfoque burocrático (en el sentido técnico del término burocracia definido por Max Weber).

El tema de la ineficiencia en el uso de los recursos de estado ya lleva varios años en el tapete del debate y, con el nuevo caso del "desorden administrativo" en la administración de las subvenciones educacionales, este debate debería seguir profundizándose en el sentido de promover en el estado, en cada uno de sus funcionarios, una correcta comprensión y utilización de la administración científica. Un buen recordatorio está en el artículo siguiente.

Manejo de platas públicas

La opinión pública sigue con inquietud los desórdenes administrativos y eventuales delitos cometidos con recursos públicos. La Presidenta ha sostenido que "con el dinero de los chilenos no se juega". Este principio inobjetable debería traducirse en acciones específicas que eviten tales "juegos". El país no exhibe una corrupción comparativamente elevada, pero el mal uso de fondos del erario no sólo se origina en ella, sino también en una mala gestión y en la ejecución de políticas públicas equivocadas o de nulo impacto.

Urgen profundas transformaciones institucionales en el Estado, pero los gobiernos de la Concertación no han sido enérgicos al respecto. Hay iniciativas valiosas, como la agenda de probidad, transparencia y modernización del Estado, pero en aspectos fundamentales ella no avanza con la celeridad que la situación requiere. En todo caso, esa agenda es tímida en la transformación de las instituciones y la gestión públicas. Tampoco la oposición ha presentado en este campo una agenda clara.

Los servicios públicos deberían dar rendición de sus estados de cuentas financieras con tanto o más detalle que las sociedades anónimas, y utilizar los principios de rendición de cuentas más modernos para informar a la ciudadanía de los resultados de la gestión del Estado. Estamos aún muy lejos de eso, pero los ciudadanos deberían poder saber con exactitud cuánto les cuestan las diversas iniciativas y sus logros. Sólo así habría un escrutinio razonable de los casi 35 mil millones de dólares del presupuesto nacional.

Las innovaciones deberían alcanzar también a la gestión estatal. Tendría que existir una mejor justificación de las iniciativas que se emprenden, de sus costos y de los impactos esperados. Ellas deberían acompañarse de una cuidadosa evaluación social, cuyos detalles conociera la opinión pública. Idealmente, cada iniciativa debería tener su propio "centro de costos", de modo que organizaciones privadas nacionales y extranjeras pudieran postular a administrar un determinado programa a menores costos que nuestros servicios públicos. Una evaluación periódica del alcance de los programas es indispensable para asegurar que el programa efectivamente está cumpliendo los propósitos para los que fue diseñado.

Por otra parte, el Estado requiere equipos humanos altamente capacitados y flexibles. Pero hoy, en muchos ámbitos, él está capturado por intereses de corto plazo, sobre todo políticos, que impiden concretar estas aspiraciones. Una gestión pública independiente, bajo control de agencias especializadas y también de los políticos que representan a la ciudadanía, es un equilibrio más razonable que el actual, en el que, a menudo, la ejecución y el control están en las mismas manos, lo que debilita el buen uso de los recursos públicos y lesiona el interés general.

El Mercurio, viernes 07 de Marzo de 2008

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